La Inspección de Educación y el artículo 27.8 de la Constitución Española

El artículo 27.8 de la Constitución Española (en adelante, CE), dedicado expresamente a la Inspección en el sistema educativo por parte de los poderes públicos, no ha sido objeto de estudio. Hasta la fecha no ha merecido la atención doctrinal sobre su naturaleza, características y posibilidades prácticas. No se le ha prestado atención ni de modo indirecto, pues los distintos estudios publicados no lo han tratado ni siquiera de manera colateral, al hilo de otras cuestiones. Quizá este silencio se explique porque se admite un consenso doctrinal y político sobre su necesidad; o porque todos sienten y conciben su existencia como una obviedad administrativa; o porque en tiempos innovadores en los que se defiende la creencia, en un contexto creciente de autonomía de los centros educativos, de que los alumnos construyen el conocimiento, no se considera de interés defender una autoridad administrativa indiferente en la promoción de la libertad de ver el mundo por alumnos y profesores; o porque no encuentra su sitio dentro de un sistema escolar cada vez más fragmentado entre órganos y servicios administrativos con más recursos para dar respuesta a las necesidades educativas y sociales1 . Estas razones, si se dan, no ayudan a dedicar esfuerzos en pos de un conocimiento del artículo constitucional fundante de la Inspección de Educación.